EJECUTIVO PODRÍA PROMOVER JUICIO DE PROCEDENCIA VS ALCALDE DE TLAQUILTENANGO

ERICK ABRAJÁN

El Poder Ejecutivo podría promover un juicio de procedencia ante el Congreso del Estado en contra del presidente municipal de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, al desacatar el decreto que emitió el pasado tres de Enero, al implementar la estrategia de seguridad en 15 municipios, así lo advirtió el abogado, Cipriano Sotelo Salgado.

En entrevista, el miembro del Foro Morelense de Abogados, informó que Alonso Plascencia podría alcanzar responsabilidad penal por expulsar el Mando Único de esa región, por ello, advirtió que podría ser sujeto a un juicio de procedencia y ser sancionado con ocho años de prisión.

Por tal razón, exhortó a las autoridades municipales y estatales a la prudencia, para garantizar los servicios públicos municipales de los propios ciudadanos y evitar una confrontación jurídica. Ya que actualmente existen los suficientes elementos para sustentar la responsabilidad de Alonso Plascencia, tal como lo establece el Código Penal.

Sotelo Salgado dijo que uno de los peores escenarios que pudiera estar sujeto el edil de Tlaquiltenango, es que el Ejecutivo podría presentar una denuncia penal ante la FGE, y en caso de que el Ministerio Público encontrará responsabilidad, la Fiscalía podría exigir a los diputados locales, el juicio de procedencia para la separación del cargo de Enrique Alonso y sea procesado.

“Creo yo que la prudencia debe de imperar y deberán a sentarse a dialogar y no acudir a los tribunales, yo creo que eso sería lo conveniente. Sin embargo, si eso no factible, el Ejecutivo estaría en condiciones de interponer una denuncia penal ante el MP, si fuera el caso y se hiciera la investigación correspondiente y el fiscal encontrará responsabilidad penal, podría solicitarle al congreso local un juicio de procedencia para efecto de despojar del fuero constitucional al alcalde y sería acreedor a su separación del cargo y desde luego sanciones de carácter penal, ese es el peor escenario que visualizo, pero en mi particular punto de vista está bien acreditado el hecho delictivo, salvo a que hubieran algunas causas que desconocemos de ese actuar”, señaló.

Sin embargo, el experto en derecho penal aseveró que de acuerdo al Código Penal del estado de Morelos, en su artículo 279, los delitos cometidos por Servidores Públicos, son con sanciones con ocho años de prisión, mismos ilícitos que no ameritan prisión preventiva.

“En el supuesto que se llegará a esta hipótesis, el presidente municipal podría ser enjuiciado desde luego separado del cargo y hacerle frente a su proceso penal desde afuera, porqué no es delito grave, pero si se le justificaran otras conductas adicionales penales, como una usurpación propiciada intelectualmente por actos que desarrollen las personas de seguridad pública que él puso, responsabilidad política en el supuesto que aconteciera un acto y que los policías no pudieran dar la seguridad a la ciudadanía por ausencia de armamento, podrían complicarle las cosas y podrían negársele un beneficio de libertad incondicional, sin prisión preventiva”, indicó.

Y es que el pasado lunes, el alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, tomó el control de las instalaciones de la policía municipal, que estaban bajo operación del Mando Único. Por lo que el experto en derecho penal, Cipriano Sotelo afirmó que por ahora podría estar sujeto a una sanción de ocho años de prisión recluido en el Centro de Reinserción Social “Morelos”.

En días pasados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una controversia presentada por el alcalde en contra del esquema de Mando Único en el municipio, pero negó devolverle al presidente municipal el control policial.

El pasado 3 de enero, Graco Ramírez, gobernador del estado, decretó el Mando Único en 15 municipios que lo rechazaban, luego que la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, fuera asesinada a sólo un día de asumir el cargo, por presuntamente haber manifestado su intención de ratificar el esquema de coordinación.

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